Editorial | Paro indígena, diálogo fallido y riesgos presidenciales
Paro nacional y demandas de los pueblos
El 22 de septiembre de 2025, la CONAIE inició un paro nacional en rechazo al decreto ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel. La medida afecta principalmente a los sectores de bajos ingresos, pequeños y medianos productores, agricultores familiares, pescadores y transportistas.
A quince días de paralización, sin apertura a una salida negociada, la dirigencia indígena ha advertido sobre posibles movilizaciones hacia Quito, mientras el presidente Daniel Noboa asegura que su gobierno actuará con firmeza frente a quienes promuevan la violencia.
Debilidades internas y radicalización
La CONAIE enfrenta limitaciones estructurales. Sus territorios de influencia se concentran en Imbabura, nororiente de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y provincias amazónicas, con presencia menor en Cañar, Azuay, Bolívar y Loja. No toda la organización ha participado de la medida de hecho, pero en Imbabura la radicalización ha dejado un comunero asesinado, más de medio centenar de detenidos, 17 militares retenidos y 12 heridos, destrucción de vehículos, bloqueos de vías y conflictos con propietarios de negocios.
Gobierno y movimiento: la negativa al diálogo
Tanto la CONAIE como el Ejecutivo mantienen posiciones inflexibles. La dirigencia indígena no ha logrado desplegar la contundencia de los paros de 2019 y 2022, mientras que el gobierno apuesta a frenar la medida mediante indiferencia y represión. El punto de quiebre podría surgir de la ciudadanía afectada, pero la presión debería dirigirse igualmente al Gobierno, exigiendo apertura al diálogo y resolución de la crisis.
Los canales institucionales formales, como la Asamblea Legislativa o asociaciones de gobiernos provinciales, no funcionan como mediadores imparciales. En cambio, universidades, organismos multilaterales, la ONU o la Conferencia Episcopal podrían actuar como interlocutores legítimos.
La política detrás de la medida
Más allá del paro, la situación refleja un componente psicológico en la gestión gubernamental: el ego presidencial. La negativa al diálogo no responde únicamente a la negociación inmediata, sino a la preservación de la autoridad y la implementación de un proyecto político más amplio: la consulta popular que busca una nueva constitución. Esta iniciativa incluye la reorganización del Estado, reforma judicial, régimen laboral, inversión extranjera, privatización de áreas estratégicas, seguridad, salud, educación y manejo económico, entre otros aspectos.
El paro y la respuesta del Gobierno muestran que la política en Ecuador no se limita a conflictos inmediatos. Detrás de cada medida hay objetivos estratégicos, y la solución requiere diálogo, mediación imparcial y capacidad de escuchar a los pueblos, más allá de cualquier ego presidencial.
Ataque al presidente
Tras 16 días de paro nacional, la situación escaló a un nivel de riesgo extremo. El presidente Daniel Noboa sufrió un ataque a su caravana en la provincia del Cañar. Aunque los responsables directos no están claros, el incidente evidencia la tensión acumulada, la volatilidad de los escenarios de protesta y los riesgos que enfrentan las autoridades cuando las políticas públicas y la falta de diálogo generan confrontación social.
