Minería ilegal en Imbabura, fuente de financiamiento para Los Lobos

La minería ilegal en la provincia de Imbabura se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para el grupo delictivo Los Lobos, según informaron las autoridades tras varios operativos realizados en la zona. En los últimos meses, los reportes militares y policiales han señalado que el grupo criminal ha logrado apoderarse por completo de los campamentos mineros en la parroquia Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, que es epicentro de la minería ilegal en la región.

Los Lobos, uno de los grupos delictivos más poderosos de Ecuador, no solo se dedican a la explotación de minerales, sino que también extorsionan a los mineros a cambio de seguridad, lo que les permite mantener el control en la zona. En recientes intervenciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han encontrado sofisticados campamentos mineros, donde se procesan materiales auríferos con maquinaria especializada, e incluso destruyeron una «mega procesadora» ilegal.

La operación realizada entre enero y febrero de 2025 permitió descubrir una planta donde se procesaba oro de manera ilegal, con la incautación de cilindros amalgamadores, tanques de agitación, trituradoras y químicos utilizados en el proceso. La autoridad militar subrayó que esta actividad es clave para el financiamiento del grupo, destacando que el golpe a esta infraestructura ocasiona un daño significativo a sus estructuras económicas.

Los informes de inteligencia también señalan que la minería ilegal en la región tiene un alto valor económico. Se estima que cada 1.000 bultos de material mineralizado extraídos representan alrededor de $80.000 en oro, y el valor aumenta una vez procesado. Esta actividad, además, ha permitido a Los Lobos realizar inversiones de hasta $100.000 en las plantas procesadoras descubiertas en Buenos Aires.

La presencia de Los Lobos en la zona ha aumentado en los últimos años, consolidándose como actores principales en el narcotráfico y la minería ilegal, con actividades en al menos 16 provincias del país. En Imbabura, su control ha sido particularmente evidente desde 2021, cuando comenzaron a tomar el control de las minas ilegales, lo que contribuyó a la violencia y la inseguridad en la zona.

Este auge en la minería ilegal en la región también ha repercutido en otras provincias como Azuay, Sucumbíos y El Oro, donde el grupo delictivo también tiene presencia. Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar la red de minería ilegal que, según fuentes de seguridad, está estrechamente vinculada a organizaciones narcotraficantes internacionales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación.