Gobierno envió dos decretos ley a la Corte Constitucional
El primer decreto está enfocado en el alivio financiero de los deudores de créditos educativos y el segundo es una ley de reestructuración empresarial
El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió la tarde de este viernes 7 de julio del 2023, dos nuevos decretos de urgencia económica a la Corte Constitucional con el objetivo de brindar apoyo financiero y reestructuración empresarial. El primer decreto, que ya fue anunciado previamente, busca aliviar la carga financiera de aquellos que enfrentan procesos coactivos relacionados con créditos educativos y ayudas económicas.
Algunos de los beneficios contemplados en este decreto son la eliminación del 100% de intereses, multas y recargos generados por obligaciones vencidas, la mejora de la calificación crediticia eliminando el reporte de operaciones en coactiva para el buró de crédito, un periodo de gracia de seis meses para personas desempleadas y la posibilidad de condonación total o parcial del crédito para personas con discapacidad o enfermedades graves. Además, se incentiva el pago del capital pendiente.
Con esta medida, no solo se aliviarán las deudas, sino que también se facilitará la inserción laboral de los jóvenes sin la carga de una deuda coactiva, según el Gobierno.
Por otro lado, el segundo decreto busca establecer los mecanismos para que las empresas que enfrentan dificultades financieras puedan llegar a acuerdos con sus acreedores y reestructurar su organización para mantener su operación y funcionamiento.
Debido al impacto económico y productivo ocasionado por la pandemia, así como los posibles efectos del Fenómeno El Niño y otros factores, Lasso asegura que esta propuesta busca mantener una economía saludable, fomentar la inversión, proteger a los acreedores y preservar los empleos. Además, se busca viabilizar la subsistencia de las compañías promoviendo acuerdos preconcursales y procesos formales de reestructuración eficientes.
El decreto incluye disposiciones para todas las sociedades mercantiles sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como para las sucursales de compañías extranjeras radicadas en el país. También contempla la disolución y liquidación ordenada de aquellas compañías cuyo negocio sea inviable.
El cuerpo legal cuenta con 214 artículos distribuidos en 20 capítulos e incorpora disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias. Lasso justifica la urgencia económica de este proyecto citando al Banco Mundial y señalando la importancia de mantener y rescatar negocios viables en un régimen de insolvencia empresarial eficiente.
