EDITORIAL | Análisis de la pregunta “D” de Consulta Popular

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?.

La Constitución de la República es el documento jurídico fundamental de un país que establece la organización del Estado, estructura institucional y territorial, la separación de poderes y sus funciones, y los derechos y garantías de los ciudadanos. Sirve como la ley suprema, superior a todas las demás normas, y define los principios y la estructura política y social de la nación. Su propósito es garantizar la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado de Derecho.

Entre otros aspectos, con el fin de promover la implementación de la Asamblea Constituyente, el gobierno hace mayor referencia a la reorganización de la institucionalidad y estructura del Estado, a la narrativa de combatir el crimen organizado y la inseguridad, y al desarrollo económico del país.

El presidente de la república, al ser consultado sobre cuales serian las propuestas para una nueva constitución, ha manifestado que primero la gente debe aprobar la instalación de la constituyente para luego hacer publicas sus ideas, sin embargo, él y su entorno político, ha venido expresando ciertos planteamientos que ponen en duda las verdaderas intenciones del régimen y alertan a la ciudadanía sobre que realmente es de su interés, principalmente aquellas que están relacionadas con los derechos y garantías sociales.
Entonces no se trata solamente de votar a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente, sino de reflexionar los aspectos que va a incorporar la nueva constitución y, principalmente, cuales derechos y garantías de la sociedad, general o particular, podrían se eliminadas, y a su vez, generar inestabilidad en el país, es decir, analizar lo que lo que está detrás de la constituyente, lo que no se dice, lo que no se pregunta.

Es correcto que el Estado, con el transcurso del tiempo observe las imprecisiones, limitaciones y necesidades de carácter organizacional, estructural e institucional y formule reformas que modernicen, actualicen o faciliten la cualificación de la gestión pública en todos los ámbitos, esto con el fin de viabilizar la articulación de las funciones y mejorar los servicios e interacción con la ciudadanía.

También es procedente el generar la norma jurídica necesaria para enfrentar problemáticas que surgen y requieren otorgar facultades, dentro de los limites del derecho universal, para enfrentarlas y resolverlas, sin embargo, no se puede “utilizar” este argumento como oportunidad para trasgredir aspectos esenciales que la población requiere para vivir con dignidad y alcanzar el desarrollo de pleno bienestar, podría decirse.

Los habitantes de un país necesitan de empleo, integralmente concebido, salud, alimentación, vivienda, educación y vestido, como condiciones materiales objetivas; así como seguridad, ambiente sano, cultura, identidad territorial, deporte y recreación como elementos subjetivos e inmateriales, todo esto tomando en cuenta como ejes transversales la aplicación de principios fundamentales para la coexistencia pacífica de la sociedad: participación, democracia, interculturalidad, inclusión, sostenibilidad y sustentabilidad. La Constitución debe garantizar el acceso y gozo de estos aspectos.

Precisamente estos aspectos requeridos para la vida son los que podrían causar inestabilidad social y política a futuro en el país; por ejemplo, que se elimine la gratuidad de la educación superior o el acceso a la salud en todos sus componentes; que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deje de brindar atención a los más de dos millones de usuarios anualmente y estos pasen a ser asumidos por el Ministerio de Salud, situación que complicaría principalmente a jubilados y personas con enfermedades catastróficas; que se reforme la edad de jubilación, los años de aporte al IESS o las pensiones jubilares; que se elimine las conquistas laborales como los décimos, fondos de reserva y horas extras, o se aplique la flexibilización laboral precarizando las condiciones de los trabajadores, u otras reformas en el ámbito social.

De igual forma, por la caracterización del modelo o sistema del gobierno actual, su línea de pensamiento orientada más hacia lo privado frente a lo público, podría eliminarse la prohibición de privatizar el agua, las áreas estratégicas, como telecomunicaciones, energía eléctrica y petróleos, o modificarse las reglas de concesión minera.

Uno de los aspectos históricamente promovidos por el sector indígena es el reconocimiento al Estado Pluricultural, que reconoce a etnias, pueblos y nacionalidades, así como aspectos relativos a este principio de diversidad, entre ellos, la justicia indígena o la consulta previa para la implementación de proyectos que afecten a los territorios, principalmente a la naturaleza. De eliminarse estos componentes generará nuevos procesos de movilización y conflicto social, ahondando más el posicionamiento de ideas excluyentes, racistas y la confrontación de pueblo indígena con el mestizo.

Existe el argumento de quienes tienden a favorecer a la instalación de una constituyente que no es el momento de hablar sobre estos temas, bajo el supuesto que serán los nuevos asambleístas que “provendrán” de diversos partidos quienes elaboren la nueva constitución y, además que esta, será sometida a un referéndum en el que, allí si, podríamos pronunciarnos. Nada más errado este señalamiento, pues la actual asamblea legislativa reformó el método de asignación de escaños mediante el cual posiblemente el partido más fuerte tenga la mayoría de curules y decidiría el contenido de la “carta magna” y no existirán voces de contrapeso que, por lo menos, sugieran lo contrario al interés de quien detenta el poder.

Adicionalmente no se trata sólo de la nueva constitución, de ser aprobada, la futura asamblea legislativa impulsará leyes que motivarán la permanente confrontación y movilización social generando el Estado de inestabilidad democrática del país al que la vieja política nos ha tenido acostumbrados.

En todo caso, la decisión de los ecuatorianos en el referéndum y consulta popular será el resultado de la nula existencia de formación y educación política de los ciudadanos que no permite observar a profundidad lo que trae consigo una nueva constitución; de la acción del poder político, económico y mediático del país que seduce y confunde al electorado haciendo prevalecer su narrativa sobre la crisis institucional e inseguridad, antes que las condiciones materiales objetivas y subjetivas que no han sido satisfechas y que al contrario profundizan los problemas estructurales cuyas consecuencias las debemos soportar los millones de ecuatorianos.