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Operación “Libertador” desarticula red vinculada a Los Lobos en Quito y deja 15 detenidos

Las autoridades capturaron a alias “Gordo Paúl” y a una presunta operadora financiera de la estructura criminal, señalada de movilizar más de USD 1,5 millones provenientes de extorsiones y secuestros.

La denominada “Operación Libertador”, ejecutada este 14 de mayo por la Policía Nacional del Ecuador, permitió desarticular una estructura presuntamente vinculada al grupo criminal Los Lobos que operaba en Quito y otras zonas de la Sierra central.

Tras 12 meses de labores de inteligencia e investigación, las autoridades capturaron a Eduardo Paúl Gómez, alias “Gordo Paúl”, identificado como uno de los objetivos prioritarios del operativo. Junto a él fue detenida Yesica Rubio Lulema, señalada como la presunta encargada de movilizar más de USD 1,5 millones obtenidos mediante actividades ilícitas como extorsiones, secuestros y cobro de “vacunas”.

El operativo incluyó 22 allanamientos simultáneos en distintos sectores y permitió identificar una estructura que, según información oficial, realizaba labores de perfilamiento de víctimas con alto poder adquisitivo para posteriormente exigir pagos extorsivos bajo amenazas y atentados violentos.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, indicó que las restricciones de movilidad y el toque de queda fueron factores clave para rastrear el desplazamiento de alias “Gordo Paúl”, quien habría retornado a Quito desde Ambato antes de su captura.

Además de los 15 detenidos, las autoridades informaron sobre la incautación de evidencia relacionada con operaciones financieras y posibles conexiones internacionales de la organización criminal, aunque no se detallaron los países involucrados.

De acuerdo con información preliminar, la estructura operaba como un brazo logístico y financiero de Los Lobos en la Sierra central, coordinando actividades relacionadas con cobros extorsivos, intimidación armada y apoyo operativo para otras células criminales.

El Gobierno señaló que buscará que los implicados enfrenten prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones judiciales, con el objetivo de evitar una eventual reorganización de la estructura delictiva.

La intervención se desarrolla en medio del fortalecimiento de operativos de seguridad impulsados por el Ejecutivo frente al avance de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, extorsión y violencia armada en distintas provincias del país.

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