Ecuador avanza en su salida definitiva del sistema SUCRE tras años de inactividad y cuestionamientos

El Gobierno de Ecuador inició el proceso para formalizar su salida del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), un mecanismo financiero impulsado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que fue adoptado por el país en 2009 durante la administración del expresidente Rafael Correa.

La iniciativa forma parte de una propuesta del presidente Daniel Noboa, quien remitió a la Asamblea Nacional del Ecuador la denuncia formal del tratado constitutivo del sistema, paso necesario para concretar la desvinculación definitiva del país.

Aunque Ecuador dejó de utilizar el mecanismo hace aproximadamente siete años, su permanencia jurídica dentro del acuerdo regional seguía vigente. El sistema fue diseñado para facilitar el intercambio comercial entre los países miembros mediante una unidad de cuenta regional, reduciendo la dependencia del dólar en las transacciones internacionales.

Como parte de su adhesión, Ecuador aportó USD 5 millones al fondo inicial del SUCRE. Sin embargo, hasta la fecha no existe información pública detallada sobre el destino de esos recursos ni sobre los activos remanentes del mecanismo.

Según el Ejecutivo, la decisión responde a cuestionamientos relacionados con la falta de transparencia, la ausencia de operaciones relevantes en los últimos años y las investigaciones que han vinculado al sistema con presuntas operaciones de lavado de activos y transacciones ficticias.

Entre los casos mencionados por las autoridades figura el nombre del empresario colombiano Alex Saab, investigado en distintos países por presuntas actividades financieras irregulares relacionadas con estructuras comerciales internacionales.

El uso del SUCRE comenzó a disminuir progresivamente entre 2018 y 2019, hasta quedar prácticamente inactivo. Desde entonces, Ecuador no ha registrado operaciones comerciales significativas a través de este mecanismo.

La propuesta de denuncia del tratado deberá ser analizada por la Asamblea Nacional antes de su aprobación definitiva. De completarse el proceso legislativo y diplomático, la salida oficial del país del sistema se concretaría en 2027.

La decisión marca un nuevo paso dentro de la estrategia del Gobierno para redefinir la participación de Ecuador en organismos y acuerdos regionales, en un contexto de revisión de compromisos internacionales y fortalecimiento de los mecanismos de control financiero.