Procesos judiciales y electorales ponen presión sobre tres alcaldes de las principales ciudades del país
Aquiles Álvarez, Pabel Muñoz y Cristian Zamora enfrentan investigaciones, sanciones y recursos legales que podrían influir en sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones seccionales de 2026.
A pocos meses del inicio del calendario para las elecciones seccionales de noviembre de 2026, tres de los alcaldes más visibles del país enfrentan distintos procesos judiciales, electorales y administrativos que mantienen incertidumbre sobre su futuro político.
Se trata de Aquiles Álvarez en Guayaquil, Pabel Muñoz en Quito y Cristian Zamora en Cuenca, quienes continúan ejerciendo sus funciones mientras avanzan diversas causas en su contra.
Aquiles Álvarez: el escenario más complejo
La situación más delicada corresponde al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva desde febrero de 2026.
El funcionario enfrenta el denominado Caso Goleada, investigación relacionada con un presunto esquema de lavado de activos. La Fiscalía reformuló los cargos y el proceso avanza hacia una etapa decisiva que podría derivar en un eventual llamado a juicio.
Además, existen investigaciones adicionales, pedidos de remoción dentro del municipio y una denuncia relacionada con el retiro de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Su permanencia en prisión ha generado dificultades para ejercer su defensa en algunos procedimientos administrativos y podría complicar una eventual inscripción como candidato en futuros procesos electorales.
Pabel Muñoz enfrenta procesos electorales
En el caso del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, los principales desafíos se concentran en el ámbito electoral.
El alcalde enfrenta denuncias por presunta violencia política de género y otros procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), además de las repercusiones derivadas de decisiones que afectan a la Revolución Ciudadana.
Aunque continúa en funciones, Muñoz ha cuestionado las acciones emprendidas en su contra y sostiene que existe una utilización política de los organismos de control.
Cristian Zamora espera resolución de apelación
Por su parte, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue sancionado en primera instancia por el TCE tras ser declarado responsable de violencia política de género contra la concejala Diana del Rocío González Arteaga.
La sentencia contempla una suspensión de derechos de participación política por seis meses, una multa económica y medidas de reparación.
Sin embargo, la resolución aún no está en firme. Zamora anunció que apelará la decisión ante el Pleno del TCE, por lo que la aplicación de la sanción permanece suspendida mientras se resuelve el recurso.
Un escenario marcado por la incertidumbre electoral
Los tres casos coinciden con un periodo clave para la definición de candidaturas y estrategias políticas rumbo a las próximas elecciones seccionales.
Aunque ninguno de los alcaldes registra hasta el momento una sentencia ejecutoriada definitiva que implique su salida inmediata del cargo, el avance de los procesos judiciales y electorales podría tener efectos en sus aspiraciones de reelección.
Mientras las defensas denuncian presuntas irregularidades y motivaciones políticas detrás de las acciones legales, los organismos competentes continúan tramitando causas que mantienen abierta la disputa jurídica y política en las principales ciudades del país.
