Las universidades e institutos públicos enfrentarán una reducción de recursos para el año 2024, ya que la proforma presupuestaria enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional contempla recortes en las asignaciones para 28 centros educativos.
Uno de los más afectados será la Universidad de Cuenca, que verá disminuido su presupuesto en casi USD 20 millones, pasando de 92,6 millones de dólares asignados en 2023 a 73,3 millones previstos para este año. Esta situación ha generado preocupación en la universidad, que denunció en enero pasado la constante disminución de fondos para las instituciones públicas, lo que afecta áreas como la investigación y la producción de material académico.
Además de la Universidad de Cuenca, otras instituciones como la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Guayaquil también experimentarán importantes reducciones, con recortes de 15 millones de dólares y 4,9 millones respectivamente. Incluso las escuelas politécnicas, como la EPN, la Espol y la Espoch, se verán afectadas por estas medidas.
La Universidad Intercultural Amawtay Wasi enfrentará un recorte drástico del 40,2% en su asignación financiera, pasando de 7,7 millones en 2023 a USD 4,6 millones este año. Además de los recortes en las universidades, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) también sufrirá un recorte de USD 17 millones, con una asignación presupuestaria para 2024 de 114 millones de dólares.
El Ministerio de Economía y Finanzas justifica estos ajustes presupuestarios como proyecciones, argumentando que el recorte promedio para las universidades oscila entre tres y cuatro millones de dólares.
Por otro lado, el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que financia gran parte de las universidades públicas, también se verá reducido en cuatro millones de dólares, con una asignación prevista de 1069 millones de dólares para este año, frente a los 1 073 millones que recibió en 2023.
Estos recortes generan inquietud en el ámbito educativo, ya que existe el temor de que afecten negativamente la calidad y accesibilidad de la educación superior en el país.
