La obligación constitucional de aumentar el 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación hasta alcanzar el 6 % y un 0,5 % para Salud, hasta llegar al 4 % del PIB, generó complicaciones para el Gobierno este año. Se vio obligado a incorporar dicho incremento en una categoría específica denominada «Bienes de larga duración (propiedad planta y equipo)».
En la proforma presupuestaria, que está pendiente de tratamiento en la Asamblea Nacional, este rubro experimenta un aumento significativo, pasando de $584,57 millones en el presupuesto del 2023 a $3.340 millones, un incremento del 471,5 % en comparación con el año anterior. Además, el Gobierno emitió un decreto ejecutivo que establece la posibilidad de financiar estos gastos con ingresos no permanentes durante los años 2024 y 2025.
El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que en la categoría de «bienes de larga duración» se incluye el monto del aumento para educación y salud estipulado por la Constitución. Esta decisión se tomó con el objetivo de tener un mejor control sobre dicha asignación incremental.