La Fiscalía General, liderada por Diana Salazar, llevó a cabo una operación denominada Plaga durante la madrugada del 3 de abril de 2024. Esta intervención se llevó a cabo en varias ciudades y cárceles de Ecuador, incluyendo Portoviejo, Rocafuerte, Flavio Alfaro, Machala, Cuenca, Santo Domingo, la cárcel número 4 y Calderón en Quito, así como en Chimborazo, Tungurahua y Guayas. En esta operación se detuvo a al menos 13 individuos.
La investigación de este caso se centró en la presunta delincuencia organizada relacionada con la concesión de acciones constitucionales a personas privadas de libertad, permitiendo así la impunidad mediante maniobras legales abusivas. Diana Salazar Méndez, la fiscal a cargo, destacó en sus redes sociales que el abuso de las acciones constitucionales y la liberación de delincuentes peligrosos se había convertido en un problema generalizado en el sistema de justicia, subrayando la necesidad de continuar con la depuración sin detenerse.
Según la Fiscalía, la presunta organización delictiva estaba compuesta por policías, exfuncionarios públicos, abogados en ejercicio, secretarios y jueces. Se sospecha que estos últimos fueron reclutados mediante sobornos o favores para permitir la liberación ilegítima de personas privadas de libertad, aunque aparentemente dentro del marco legal.
