Asamblea da paso al juicio político contra Inés Manzano por contratos eléctricos de emergencia
El proceso fue calificado por el CAL y ahora será analizado por la Comisión de Fiscalización, que deberá revisar las acusaciones relacionadas con los contratos de generación eléctrica durante la crisis energética.
El Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud de juicio político contra Inés Manzano y dispuso que el expediente sea remitido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para continuar con el trámite legislativo.
La solicitud fue presentada el 27 de mayo de 2026 por asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana, quienes reúnen más de 40 firmas de respaldo para impulsar el proceso.
Los legisladores argumentan una presunta responsabilidad política e incumplimiento de funciones en la gestión de los contratos de emergencia suscritos para los proyectos eléctricos de Salitral y Quevedo, adjudicados a la empresa Progen Industries LLC.
Entre los señalamientos constan supuestos desembolsos millonarios realizados pese a que existían observaciones sobre la ejecución de los contratos y a que las plantas no habrían entrado en operación dentro de los plazos previstos para enfrentar la crisis energética y los apagones registrados en el país.
Con la calificación del pedido, la Comisión de Fiscalización deberá analizar la documentación presentada, convocar a comparecencias, recibir los descargos de Manzano y elaborar un informe que posteriormente será debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Este constituye el segundo intento de juicio político impulsado contra la exfuncionaria por este tema. Un proceso anterior fue archivado en 2025 por el CAL cuando Manzano aún ejercía funciones ministeriales.
El caso se desarrolla en medio de las investigaciones y cuestionamientos sobre los contratos de generación eléctrica de emergencia firmados durante la administración del presidente Daniel Noboa. Mientras la oposición sostiene que existieron irregularidades que afectaron la respuesta estatal frente a la crisis energética, la exministra ha defendido su gestión y ha señalado que las decisiones adoptadas buscaban garantizar el suministro eléctrico del país.
El avance del juicio político dependerá de los informes de la Comisión de Fiscalización y de los respaldos que logre reunir la iniciativa dentro del Legislativo.
