EDITORIAL | Deudas sobre deudas: la narrativa que hipotecó el país
El Gobierno se endeuda, el FMI impone condiciones y la ciudadanía termina pagando la factura.
La primera víctima del endeudamiento
Las cifras no mienten: Ecuador ha acumulado cientos de millones adicionales con el FMI. Se añade una deuda con el IESS que supera los 27.000 millones, más una operación de venta de oro polémica. Estas no son cifras frías; son símbolos de una narrativa dominante: endeudarse sin rendir cuentas, sin proyecto, sin miras al futuro.
Cargar la deuda sobre ciudadanos
Dicen “necesitamos más préstamos”, pero rara vez dicen “¿para qué?”. En lugar de invertir en infraestructura, empleo productivo o salud, buena parte de estos fondos se destinan a pagar intereses de deudas anteriores. Es una operación para “tapar hoy el hueco de ayer”. El resultado: crecimiento mediocre, servicios sociales recortados, ciudadano como caja de convergencia fiscal.
Narrativa que legitima el sacrificio
Cuando se justifica esa deuda como “necesidad inevitable”, se naturaliza que el pueblo pague. Se crea una narrativa que invisibiliza las fallas de planificación, el endeudamiento ineficiente y la falta de transparencia. Se convierte en un acto casi heroico aceptar el peso, callar y soportar las consecuencias.
¿Quién realmente pagará?
No es el Estado quien paga —es la población. Cada recorte en salud, cada impuesto nuevo, cada recesión que no se invierte se traduce en deterioro de vida. Si en lugar de un pacto fiscal, solo se hace un “rescate” más, lo que estamos haciendo es hipotecar el futuro.
La disyuntiva que enfrentamos
La deuda no es enemiga cuando financia crecimiento con justicia. Pero cuando se convierte en mecanismo de sostenimiento, es un verdugo. No se trata de “esta deuda sí o esa no”, sino de si continuamos permitiendo que financien el presente con el sacrificio del mañana.
Ecuador necesita romper esa narrativa: que la deuda sea instrumento, no dogma. Que los préstamos rindan. Que la responsabilidad no sea solo del gobierno, sino colectiva, vigilada y con propósito. Porque si el Estado no administra con ética, entonces será la ciudadanía la que pague la factura hasta la última gota.
