Organizaciones indígenas buscan que casos del paro de 2025 pasen a la justicia indígena
Dirigentes de UNORCAC y otras organizaciones solicitan que los procesos penales abiertos tras las protestas en Imbabura sean tratados bajo jurisdicción indígena, en medio de un nuevo debate sobre el pluralismo jurídico en Ecuador.
La solicitud presentada por dirigentes indígenas de Imbabura reactivó el debate sobre los límites y alcances de la justicia indígena en Ecuador. Organizaciones como UNORCAC, junto a representantes de la Fenocin y líderes comunitarios, buscan que los procesos judiciales abiertos tras el paro nacional de 2025 sean tratados dentro de la jurisdicción indígena y no por la justicia ordinaria.
El pedido se concentra especialmente en los casos relacionados con los hechos ocurridos en Otavalo durante las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025, entre ellos el proceso conocido como “los 12 de Otavalo”, investigado por la Fiscalía tras los disturbios registrados durante las protestas.
Los dirigentes sostienen que los hechos ocurrieron dentro de territorios ancestrales y en el contexto de una movilización colectiva vinculada al ejercicio de derechos constitucionales, como la protesta social y la defensa territorial. Bajo ese argumento, consideran que corresponde la aplicación de procedimientos y sanciones establecidos por las autoridades comunitarias.
La discusión se produce en un contexto jurídico complejo. La Constitución de 2008 reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional y establece la coexistencia de la justicia ordinaria con la jurisdicción indígena. El texto constitucional permite que las autoridades indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre que sus decisiones no vulneren derechos humanos ni disposiciones constitucionales.
Sin embargo, la coordinación entre ambos sistemas continúa siendo uno de los principales desafíos institucionales del país. Aunque existen mecanismos de declinación de competencias y precedentes de la Corte Constitucional, Ecuador todavía no cuenta con una ley orgánica integral que regule de manera definitiva la relación entre la justicia indígena y la ordinaria.
Las tensiones se profundizan especialmente en casos relacionados con protestas sociales, daños a infraestructura pública o enfrentamientos con la fuerza pública. En estos escenarios, la justicia ordinaria suele mantener la competencia bajo figuras penales como daños, sabotaje o ataques contra bienes del Estado.
El paro nacional de 2025 tuvo fuerte presencia en provincias de la Sierra Norte, particularmente en Imbabura, donde comunidades indígenas protagonizaron bloqueos de vías y movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, las políticas extractivistas y la falta de atención estatal en áreas como salud y educación.
Durante las protestas se registraron enfrentamientos, detenciones, personas heridas y daños materiales, incluido el ataque e incendio al cuartel policial de Otavalo. Mientras organizaciones indígenas denunciaron represión y criminalización de la protesta, el Gobierno defendió las acciones de control y el restablecimiento del orden público.
Hasta el momento no se conoce una resolución definitiva de jueces o de la Fiscalía respecto al pedido de declinación de competencias planteado por las organizaciones indígenas.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate nacional el alcance del pluralismo jurídico ecuatoriano y la disputa sobre qué hechos pueden ser juzgados por las autoridades comunitarias y cuáles deben permanecer bajo el sistema penal ordinario.
