Juicio por el caso de los niños de Las Malvinas: defensa de militares alega que la detención fue legal
Durante la primera jornada del juicio, la defensa de los 17 militares procesados por la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil insistió en que la detención se realizó conforme a la ley, mientras la Fiscalía sostiene que se trató de una violación a los derechos humanos.
El primer día del juicio por la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil, se desarrolló este martes 5 de noviembre. La defensa de los 17 militares procesados aseguró que la detención de los menores fue “legal” y que los uniformados actuaron en cumplimiento de sus funciones dentro del contexto del conflicto armado interno decretado en el país.
La Fiscalía General del Estado sostiene lo contrario. En su acusación, indicó que los adolescentes fueron interceptados por personal militar el 8 de diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas, sur de Guayaquil, y que desde entonces permanecieron desaparecidos. Sus cuerpos fueron hallados calcinados y con impactos de bala el 24 de diciembre del mismo año, en una zona de manglar en la parroquia Taura, provincia del Guayas.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó testimonios, informes forenses y declaraciones que señalan a los militares como responsables de una presunta desaparición forzada con resultado de muerte, un delito considerado de lesa humanidad según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los abogados defensores argumentaron que los uniformados detuvieron a los menores porque los habrían confundido con integrantes de un grupo delictivo. Además, insistieron en que el procedimiento fue legítimo por haberse desarrollado durante operativos de control militar.
El tribunal penal que lleva la causa deberá determinar si existió una detención legal o si se trató de una violación a los derechos humanos. De hallarse culpables, los procesados podrían enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión.
Este juicio se suma a otras investigaciones abiertas contra miembros de las Fuerzas Armadas por presuntas irregularidades en operativos militares ejecutados bajo el estado de conflicto interno.
