En rueda de prensa El prefecto Richard Calderón enfatizó que se ha cumplido con lo que determina la ley y, actuando con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dispuso declarar desierto el concurso debido a varias inconsistencias técnicas y financieras, precautelando así los recursos de la provincia.
Pablo Dávila, abogado en su intervención hizo un recuento de los antecedentes que rodean este proceso, que se dio durante el pasado periodo administrativo. Explicó que la autoridad anterior, en uso de sus facultades, decidió dar por finalizado el concurso para llevar a cabo el proyecto, al haberse detectado la falsificación de documentos por parte de la oferta ganadora.
Como producto de esta determinación, la segunda oferta acudió a la vía constitucional para reclamar el derecho de adjudicación del contrato, lo cual dio lugar a una acción de protección por parte del órgano judicial. “Se ha declarado una violación de los derechos humanos en la sentencia. En base a esa decisión el juez ordena se deje el proceso anterior y retrotraer dicha licitación, es decir darle vida nuevamente, para que el proceso de contratación continué según corresponda”, enfatizó.
Con este antecedente, la actual administración, conformó las comisiones técnicas que se necesitan para abordar este proyecto. Como parte del proceso, solicitó nuevos informes que señalaron inconsistencias económicas y técnicas en los estudios existentes y el 18 de enero de 2024 declaró desierto el proceso de contratación, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública del Ecuador, que señala que es la máxima autoridad administrativa quien tiene la facultad de adjudicar un contrato a la mejor oferta o también dar por finalizado un concurso.
En esta rueda de prensa el prefecto Richard Calderón precisó que la sentencia judicial ordena que se continué con el proceso precontractual y no que se adjudique a ninguna persona o proveedor. “Como autoridad tengo la competencia de adjudicar o declarar desierto. Aclarando que la función judicial tiene la potestad de realizar control constitucional, pero no intervenir en los procesos de contratación”, explicó.
