Estados Unidos cambia su postura sobre el Cártel de los Soles y reabre el debate internacional
El Departamento de Justicia dejó de describirlo como una organización criminal formal, pese a que en 2025 fue catalogado como grupo terrorista por varios países
Washington / Quito, enero de 2026.
El llamado Cártel de los Soles volvió al centro del debate internacional luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificara su postura oficial. El organismo dejó de describirlo como una organización criminal estructurada, redefiniéndolo como un sistema de clientelismo y corrupción dentro del Estado venezolano.
Cambio en la acusación contra Maduro
El giro se produjo el 6 de enero de 2026, cuando el Departamento de Justicia ajustó su acusación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. En el nuevo planteamiento, el llamado Cártel de los Soles ya no figura como un cártel tradicional, sino como una red informal de corrupción y lealtades políticas, lo que modifica el enfoque jurídico del caso.
Designación como grupo terrorista en 2025
En 2025, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista, señalando a Maduro como su supuesto líder. Varios países de la región adoptaron esa misma calificación.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa incluyó al grupo en la lista de organizaciones terroristas vinculadas al crimen organizado, como parte de su política de seguridad.
Impacto jurídico y político
El cambio de criterio del Departamento de Justicia pone en duda la base jurídica de las designaciones realizadas en 2025. No obstante, expertos señalan que las sanciones internacionales podrían mantenerse por otros cargos relacionados con narcotráfico, corrupción y violaciones a la ley estadounidense.
Debate reabierto
La nueva definición reaviva la discusión internacional sobre si el Cártel de los Soles es un grupo terrorista estructurado o una etiqueta política y judicial utilizada para describir corrupción institucional dentro del Estado venezolano.
El giro estadounidense no cierra el caso, pero sí redefine el marco del debate regional sobre sanciones, terrorismo y corrupción estatal.
