Primer año de Daniel Noboa se mueve entre caída de popularidad y debate por la revocatoria
Las diferencias entre encuestadoras reflejan un escenario político polarizado mientras sectores sociales preparan iniciativas para impulsar un proceso de revocatoria de mandato.
Al cumplirse el primer año del segundo mandato de Daniel Noboa, el escenario político ecuatoriano se encuentra marcado por la discusión sobre una eventual revocatoria de mandato y por las diferencias en las mediciones de aprobación presidencial difundidas por distintas encuestadoras.
Los datos más recientes muestran una fuerte disparidad metodológica entre firmas de opinión pública. Mientras CIEES ubica la aprobación presidencial en alrededor del 26% en sectores urbanos de Quito y Guayaquil, la encuestadora Comunicaliza reporta un escenario más equilibrado a nivel nacional, con un 45,9% de aprobación frente a un 46,5% de rechazo.
Las diferencias entre ambas mediciones responden, principalmente, al alcance geográfico y al universo poblacional analizado. CIEES concentra sus estudios en las principales ciudades del país, mientras que Comunicaliza incorpora zonas rurales y regiones de la Costa, consideradas espacios donde el oficialismo mantiene mayores niveles de respaldo.
En paralelo, sectores sociales y colectivos vinculados a organizaciones de izquierda y sindicatos analizan impulsar un proceso de revocatoria presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La iniciativa es promovida por grupos liderados por el abogado Washington Andrade, quienes prevén presentar formalmente la solicitud en junio e iniciar la recolección de aproximadamente 2 millones de firmas requeridas por la normativa electoral.
Aunque organizaciones indígenas como Ecuarunari y Fenocin han mostrado respaldo a la propuesta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tomó distancia oficial del proceso, evidenciando diferencias internas dentro del movimiento indígena.
Analistas consideran que el desafío principal para la iniciativa no solo será político, sino también logístico y legal, debido al complejo proceso de validación de firmas y a los requisitos establecidos por el CNE.
El debate ocurre en un contexto marcado por preocupaciones ciudadanas relacionadas con la crisis económica, la percepción de inseguridad, el empleo y el desgaste institucional.
Mientras el Gobierno busca sostener sus niveles de respaldo en sectores estratégicos, la posibilidad de una revocatoria se posiciona como un nuevo foco de confrontación política y presión sobre el Ejecutivo.
