Título universitario de Diana Jácome genera debate sobre validación profesional y acceso a la educación superior
La obtención de un título de Comunicación mediante Validación de Trayectoria Profesional reactivó cuestionamientos sobre los mecanismos académicos y la percepción de privilegios vinculados al poder político
La reciente obtención de un título de tercer nivel en Comunicación por parte de la asambleísta oficialista Diana Jácome abrió un debate público sobre los mecanismos de Validación de Trayectoria Profesional (VTP) y los criterios aplicados por las instituciones de educación superior en Ecuador.
El proceso fue realizado a través de la Universidad de los Hemisferios bajo una modalidad reconocida y regulada por el Consejo de Educación Superior (CES), que permite homologar experiencia laboral y trayectoria profesional mediante equivalencias académicas.
La polémica surgió luego de que se conociera el corto tiempo en el que el título apareció registrado oficialmente, situación que generó cuestionamientos en redes sociales y distintos sectores ciudadanos, especialmente en un contexto marcado por la limitada disponibilidad de cupos universitarios en instituciones públicas.
Los defensores de la legisladora sostienen que Jácome cuenta con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación y televisión nacional, trayectoria que, aseguran, cumple con los requisitos establecidos para acceder al mecanismo de validación profesional.
Sin embargo, sectores críticos cuestionan la aplicación de controles académicos y la percepción de posibles privilegios para figuras cercanas al poder político, señalando que procesos similares resultan difíciles de alcanzar para gran parte de la población.
La discusión también se trasladó al debate sobre la ética académica, la transparencia de los procedimientos universitarios y las diferencias existentes entre la formación tradicional y los sistemas de homologación basados en experiencia profesional.
Frente a las críticas, Diana Jácome sostuvo que parte de los cuestionamientos responden a episodios de violencia política de género, argumentando que su trayectoria pública y profesional es verificable y se ajusta al marco legal vigente.
Por su parte, el debate ciudadano se concentra no solo en la legalidad del mecanismo, sino en la percepción de desigualdad en el acceso a oportunidades educativas y en la rapidez con la que ciertas figuras públicas logran obtener títulos académicos.
La controversia ocurre en un momento en el que el sistema universitario ecuatoriano enfrenta cuestionamientos relacionados con acceso, calidad educativa y mecanismos de regulación dentro de la educación superior.
