El fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respecto al excontralor Pablo Celi es de gran importancia. Según la sentencia, Celi ha sido hallado culpable de una grave infracción electoral al intervenir en el funcionamiento de la Función Electoral, específicamente infringiendo el artículo 279, número 7, del Código de la Democracia. Este dictamen surge a raíz de una denuncia interpuesta en 2020 por Vanessa Freire, de Fuerza Compromiso Social (FCS), quien acusó a Celi de emitir un informe especial que cuestionaba la inscripción de varios movimientos políticos, incluido Fuerza Compromiso Social.
La acción de Celi fue interpretada como una interferencia indebida en el proceso electoral, lo que resultó en una multa de USD 20 000 y la privación de sus derechos políticos por cuatro años. Es relevante señalar que este caso se ha prolongado debido a una acción de dirimencia de competencia presentada por Celi ante la Corte Constitucional en 2020, lo que extendió la resolución durante tres años.
Recién en febrero, los magistrados desecharon esta acción, permitiendo así que el juez Muñoz continuara con su dictamen, emitido el 11 de marzo de 2024. Este fallo constituye una decisión de primera instancia y puede ser apelado ante el Pleno del TCE.
En cuanto al ámbito penal, Pablo Celi fue condenado en primera instancia en febrero de 2023 a una pena de 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres.
