Cristina Freire denuncia deuda millonaria del Gobierno e IESS con centros de diálisis

La crisis económica que atraviesan los centros de diálisis privados en Ecuador pone en riesgo a los más de 17.000 pacientes renales que dependen de este tratamiento para sobrevivir. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) ha denunciado que la deuda del Gobierno y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con los centros de diálisis alcanza los 163 millones de dólares, ya que los pagos correspondientes a varios meses de 2023 y 2024 aún no se han efectuado.

Achpe ha solicitado al Gobierno un diálogo efectivo para encontrar soluciones concretas a este problema, destacando que el 88% de los pacientes que reciben la terapia sustitutiva renal en el país son atendidos en centros privados. Según la organización, la falta de pagos ha obligado a las clínicas a implementar “múltiples estrategias de supervivencia”, ya que suspender los tratamientos sería fatal para los pacientes.

A finales de enero de 2025, varias clínicas de diálisis notificaron a sus pacientes sobre la suspensión temporal de los tratamientos debido a la falta de pagos del IESS y del Ministerio de Salud Pública (MSP), lo que dejó a muchos sin el servicio necesario para su sobrevivencia. La situación ha empeorado a tal punto que algunas de estas clínicas se han quedado sin insumos para continuar brindando atención.

Ana Delgado, directora de Achpe, reiteró la urgencia de encontrar un mecanismo que permita que los centros de diálisis reciban los pagos necesarios para mantener la atención a los pacientes sin interrupciones. En su denuncia, agregó que muchos de los trabajadores de estas clínicas llevan meses sin recibir su sueldo, mientras que el Estado debe alrededor de 200 millones de dólares a estas instituciones.

La vocera de las clínicas de diálisis, Cristina Freire, también expresó su preocupación por la situación, señalando que mientras el Gobierno asegura que no hay fondos para pagar los tratamientos de diálisis, sí existen recursos para financiar otros gastos como los bonos electorales que se otorgarán a policías y militares. Esto ha generado malestar entre los trabajadores y pacientes, quienes ven cómo se priorizan otros pagos mientras su atención vital está en peligro.

Con la deuda millonaria acumulada y la falta de una solución inmediata, la crisis en los centros de diálisis continúa afectando a miles de pacientes, quienes claman por una respuesta urgente para asegurar la continuidad de sus tratamientos.