TCE sanciona a Aquiles Álvarez por violencia política de género
Deberá pagar USD 9.660, disculparse públicamente y asistir a un curso de sensibilización
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sanción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras ser denunciado por violencia política de género. La resolución le obliga a pagar una multa de USD 9.660, eliminar una publicación en redes sociales y ofrecer disculpas públicas a la asambleísta Lucía Jaramillo, a quien llamó «niña vaga».
La multa, equivalente a 21 salarios básicos unificados, deberá ser cancelada en un plazo de seis meses en la cuenta de multas del Consejo Nacional Electoral (CNE). En caso de incumplimiento, se procederá con el cobro por la vía coactiva.
Asimismo, Álvarez deberá eliminar el mensaje publicado el 16 de julio de 2024 en la red social X (antes Twitter), donde se refirió a Jaramillo como «la niña vaga y vocera turra del Gobierno que no sabe de combustibles». Además, se le ordenó publicar un mensaje de disculpas que deberá permanecer fijado en su perfil durante 30 días.
El fallo también establece que el alcalde asista a un curso de sensibilización sobre violencia de género con una duración mínima de 21 horas en un plazo de 60 días.
Tras conocer la resolución, Álvarez expresó su sorpresa y cuestionó el proceso. Afirmó que su defensa técnica no había sido notificada y que en el sistema del TCE no constaba la sentencia.
«¿De qué sentencia hablan los medios? ¿Cómo la conoció la denunciante? Adiós a la probidad e imparcialidad», escribió en su cuenta de X.
La decisión fue tomada con cuatro votos a favor y uno en contra. El juez Richard González fue el único que votó en contra del fallo redactado por Joaquín Viteri.
El TCE advirtió que el incumplimiento de la sentencia podría derivar en una infracción electoral muy grave, lo que incluso podría significar la destitución del cargo para el alcalde de Guayaquil.
El Tribunal rechazó la justificación de Álvarez de que sus declaraciones eran parte de su «lenguaje personal y cultural».
La sentencia señala que referirse a una mujer adulta como «niña» infantiliza su imagen pública, lo que refuerza estereotipos de género y puede afectar la percepción de su capacidad en la política.
El fallo concluye que la publicación del alcalde reprodujo una relación de dominación, desigualdad y discriminación, causando daño a la imagen pública de la asambleísta.
