Fiscalía General del Estado solicita condena contra Abdalá B. y Jacobo B. por presunta delincuencia organizada
El caso investiga una supuesta red dedicada al tráfico irregular de pruebas COVID-19 e insumos médicos durante la emergencia sanitaria registrada en 2020.
La fiscalía general del Estado formalizó este 14 de mayo el pedido de condena contra el exmandatario Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram dentro del proceso judicial por el presunto delito de delincuencia organizada.
La investigación se remonta a 2020, en medio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, cuando las autoridades detectaron una supuesta estructura dedicada al tráfico irregular de pruebas COVID-19 e insumos médicos mientras el sistema hospitalario ecuatoriano enfrentaba una de las crisis más graves de los últimos años.
De acuerdo con la Fiscalía, el proceso se sustenta en testimonios, pericias y evidencia relacionada con ciudadanos israelíes presuntamente vinculados a la red investigada, quienes habrían dejado registros considerados clave para reconstruir las operaciones financieras y logísticas del caso.
El expediente judicial avanzó durante casi seis años entre incidentes procesales, apelaciones y recursos legales presentados por las defensas de los implicados, situación que provocó múltiples retrasos en el desarrollo del juicio.
La acusación fiscal busca determinar responsabilidades por la presunta conformación de una estructura organizada orientada al comercio irregular de productos médicos durante la crisis sanitaria, período marcado por el colapso de hospitales y la escasez de suministros médicos en distintas ciudades del país.
Mientras tanto, la defensa de los procesados mantiene acciones legales para cuestionar parte de las pruebas y procedimientos incorporados al expediente judicial.
El caso ha generado amplio interés público debido al contexto en el que ocurrieron los hechos investigados, en medio de la crisis provocada por la pandemia y las denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos vinculados a la salud pública.
La ciudadanía y distintos sectores políticos mantienen la atención sobre el desarrollo del juicio, considerado uno de los procesos más sensibles relacionados con presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria en Ecuador.
