Fiscalía investiga presunta red de corrupción en contratos eléctricos durante la crisis energética en Ecuador
El proceso judicial involucra a 21 personas, entre ellas exfuncionarios y técnicos de CELEC, por presuntas irregularidades en contratos para plantas eléctricas en Quevedo y Guayaquil.
El denominado Caso Progen, también conocido como Caso Apagón, se convirtió en una de las investigaciones de corrupción más relevantes vinculadas a la crisis energética que atravesó Ecuador en los últimos años. La fiscalía general del estado investiga un presunto esquema de fraude que habría desviado alrededor de USD 110 millones destinados a proyectos de generación eléctrica de emergencia.
Según las investigaciones, los recursos entregados por la Corporación Eléctrica del Ecuador para la instalación de plantas eléctricas en Quevedo y Guayaquil habrían terminado en cuentas personales y empresas relacionadas con los implicados, mientras los equipos adquiridos no cumplían con las condiciones técnicas requeridas.
La Fiscalía sostiene que los contratos contemplaban la entrega e instalación de motores eléctricos para enfrentar la emergencia nacional; sin embargo, parte de los equipos recibidos serían motores obsoletos que nunca llegaron a generar energía para el sistema eléctrico.
Dentro del proceso judicial aparecen 21 personas procesadas, entre ellas técnicos y funcionarios de CELEC, además del exministro de Energía, Antonio Goncalves, quien es investigado por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la contratación pública.
Las autoridades buscan determinar posibles responsabilidades relacionadas con delitos como peculado, manejo irregular de fondos públicos y presuntas operaciones financieras vinculadas al desvío de recursos estatales.
Como parte de las investigaciones, tribunales de Estados Unidos habrían autorizado la entrega de información bancaria considerada clave para rastrear el destino de los fondos transferidos durante la ejecución de los contratos.
El caso se desarrolla en medio de cuestionamientos ciudadanos por el impacto de la crisis eléctrica y los cortes de energía registrados en el país, situación que motivó contrataciones urgentes para incrementar la capacidad de generación.
De acuerdo con la información oficial, la justicia ecuatoriana intenta reconstruir la ruta del dinero y establecer cómo los recursos destinados a enfrentar la emergencia terminaron involucrados en un presunto esquema de corrupción.
Mientras avanzan las diligencias judiciales, el Caso Progen se mantiene como uno de los procesos más sensibles para el sector energético y para las instituciones encargadas del control del gasto público en Ecuador.
