Operación Blindaje: red investigada por lavado de activos habría movido más de USD 15 millones
Ocho personas fueron detenidas en cuatro provincias tras una investigación de un año. La UAFE identificó movimientos financieros millonarios que, según las autoridades, no guardaban relación con los ingresos reportados ante el SRI.
La madrugada de este 3 de junio de 2026, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ejecutaron la denominada Operación Blindaje, una intervención que dejó ocho personas detenidas y que busca desarticular una presunta estructura vinculada al delito de lavado de activos.
Durante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, destacó que la investigación se desarrolló durante aproximadamente 12 meses y aseguró que el trabajo de inteligencia financiera de la UAFE fue clave para seguir la ruta del dinero e identificar movimientos económicos considerados inusuales.
Según explicó, las investigaciones permitieron detectar una estructura que habría operado bajo una aparente fachada de legalidad, obteniendo recursos de origen presuntamente ilícito y posteriormente dispersándolos mediante empresas vinculadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas.
La UAFE identificó transferencias por cerca de USD 7 millones, aproximadamente USD 250.000 dirigidos a funcionarios públicos, retiros en efectivo por USD 320.000 y operaciones mediante empresas de transporte de valores cercanas a USD 980.000.
Además, las autoridades detectaron movimientos financieros por alrededor de USD 7,5 millones, pese a que los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) apenas alcanzaban los USD 252.000, una diferencia que llamó la atención de los investigadores.
Allanamientos en cuatro provincias
La operación incluyó 18 allanamientos en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha, con la participación de 200 policías y 14 fiscales.
Entre los detenidos se encuentra un actual juez de la Judicatura del cantón Nueva Loja, quien anteriormente ejerció funciones en Esmeraldas; dos funcionarios de la Unidad Judicial de Atacames; y un funcionario de una ONG de Esmeraldas que también laboraría en el Gobierno Autónomo Descentralizado de ese cantón.
Las empresas bajo la lupa
Reimberg señaló que una de las compañías investigadas es Reispec Pacific, cuyo principal accionista sería Alfredo Villacís Vicko, actual alcalde del cantón Esmeraldas, quien registra el 98% de las acciones de la empresa.
Según la información presentada por la UAFE, entre los principales beneficiarios de operaciones vinculadas a esta compañía aparece Jakson Antonio Arias Vélez, fallecido en 2023, quien registraba antecedentes por presuntos delitos relacionados con sicariato, tenencia ilegal de armas y secuestro extorsivo.
La investigación también identificó vínculos tributarios entre Reispec Pacific y PezyMar Export, empresa procesada por presunto lavado de activos y que se encuentra a la espera de audiencia de juzgamiento.
Las autoridades indicaron que esta empresa estuvo relacionada con Gina Mendoza Suárez, fallecida, quien fue gerente general y mantenía una relación sentimental con Briones Chiquito, alias «Mexicano», ex cabecilla del grupo criminal Los Lobos, asesinado en un ataque armado en Manta.
Los presuntos beneficiarios
Durante su intervención, Reimberg detalló varios nombres que, según la investigación, habrían recibido recursos derivados de la estructura financiera investigada.
Entre ellos mencionó a Alfredo Villacís Vicko, quien habría recibido aproximadamente USD 1,4 millones en sus cuentas bancarias.
También señaló a Luis Giovanny Reina Tenorio, medio hermano del alcalde de Esmeraldas, quien habría recibido alrededor de USD 400.000.
Otro de los mencionados fue Juan Alberto Lastre Castillo, abogado de una acción de protección presentada por ex trabajadores de Petroecuador, quien habría recibido cerca de USD 2 millones producto de servicios de asesoría jurídica facturados a ese grupo.
Según la investigación, Diego Giovanny Montaño Tenorio, funcionario judicial, habría recibido USD 200.000 enviados mediante una empresa de transporte de valores.
Asimismo, las autoridades señalaron a Karol Zuleika Lemos Hurtado, funcionaria vinculada a UNICEF Esmeraldas y al Municipio de Esmeraldas, quien habría recibido inicialmente USD 380 y posteriormente una transferencia cercana a USD 750.000. Reimberg indicó que llama la atención que la funcionaria sea hermana de un servidor vinculado a Petroecuador Esmeraldas.
También figura Jhonatan Giovanny Monte Bagui, funcionario de la Unidad Judicial encargado del sorteo de causas, quien habría recibido aproximadamente USD 72.000. La investigación además identificó viajes coincidentes a Colombia y Estados Unidos realizados por este funcionario y otros involucrados.
Jueces investigados
Entre los señalados por las autoridades se encuentra Jorge Bolívar Pinos Galindo, actual juez de la Judicatura en Nueva Loja, a quien la investigación vincula con decisiones que habrían favorecido el desembolso de recursos relacionados con este caso.
De igual forma fue detenido Klever Andrés Salcedo Tomalá, exjuez de Santa Elena, quien, según las autoridades, también habría resultado beneficiario de pagos considerados irregulares dentro de la estructura investigada.
Más de USD 15 millones bajo investigación
Según las autoridades, entre 2020 y 2025 la presunta organización habría transferido bienes y recursos mediante distintos mecanismos financieros con el objetivo de dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito.
La investigación sostiene que la estructura buscó beneficiarse de más de USD 15 millones, recursos cuyo origen y destino continúan siendo analizados por la Fiscalía y los organismos de control financiero.
Las autoridades indicaron que las diligencias continúan y no descartaron nuevas vinculaciones dentro del proceso judicial.
