Ley de Integridad Pública perdonaría $65 millones en intereses al Grupo Noboa
La disposición tributaria incluida en la ley beneficia a todos los contribuyentes, pero ha generado críticas por posible conflicto de interés
La Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025 y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio, permite la condonación del 100% de intereses, multas, recargos y costas de deudas tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre que los contribuyentes paguen el capital adeudado antes de finalizar 2025.
Esta disposición aplica a todos los contribuyentes, incluyendo a empresas como la Exportadora Bananera Noboa, parte del Grupo Noboa, cuyo presidente es el padre del actual mandatario, Daniel Noboa.
El Grupo Noboa mantiene una deuda cercana a los $95,4 millones con el SRI, de los cuales unos $65 millones corresponderían a intereses y recargos condonables.
Según analistas tributarios, si el grupo paga solo el capital, podría beneficiarse con una reducción significativa del total adeudado. Aunque legalmente es una medida general, sectores sindicales y constitucionalistas han cuestionado un posible conflicto de interés, pues la ley fue impulsada por el Ejecutivo de Daniel Noboa y aprobada en condición de urgente.
Críticas por falta de “unidad de materia”
La normativa, cuyo objetivo principal era fortalecer la contratación pública, incluyó disposiciones tributarias que, según críticos, no guardan coherencia temática con el propósito original. Por ello, ya se han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la norma viola el principio de unidad de materia y podría favorecer a grupos económicos específicos.
“Una cosa es fortalecer el control estatal y otra, introducir beneficios fiscales sin relación directa con la integridad pública”, apuntó un informe del Observatorio Fiscal.
Remisión no elimina capital
La disposición no elimina la obligación de pagar el capital, y solo será efectiva si los deudores cancelan la deuda base antes del 31 de diciembre de 2025. Expertos advierten que la aplicación recurrente de remisiones tributarias podría debilitar la cultura de cumplimiento fiscal y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema tributario.
